Resumen

Una trabajadora que se encontraba de baja por embarazo solicitó que, durante ese período, su empresa le abonara el complemento salarial reconocido en el convenio y correspondiente a las guardias que venía realizando antes de la incapacidad temporal. Aunque reclamó la totalidad del importe, el Tribunal Supremo aclara que solo procede reconocer el pago correspondiente a los tres meses anteriores a su primera solicitud, ya que la ley limita la retroactividad de estas mejoras voluntarias. La empresa no está obligada a abonar las diferencias salariales de todo el período reclamado, sino únicamente las generadas desde tres meses antes de la fecha en que la trabajadora pidió por primera vez la revisión del complemento.

El Tribunal Supremo confirma la nulidad del despido de una trabajadora que fue declarada no apta para su puesto por el servicio de prevención. El Tribunal entiende que, al no haberse realizado ajustes razonables para adaptar el puesto a sus limitaciones, la extinción del contrato incurre en discriminación por discapacidad, vulnerando el derecho a la igualdad.

La Audiencia Nacional resuelve un conflicto colectivo sobre la determinación del periodo estival de vacaciones en la empresa. El tribunal concluye que la empresa no puede fijar de forma unilateral dicho periodo, sino que debe ajustarse a la definición astronómica del verano, comprendida entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño.

El Tribunal Supremo declara ilícito el sistema de voto telemático incluido en un acuerdo entre la empresa y determinados sindicatos para las elecciones sindicales. La Sala concluye que la normativa vigente contempla únicamente el voto presencial y el voto por correo, sin prever la posibilidad de un tercer método como el telemático. Además, la ley no habilita a un simple acuerdo de empresa para modificar las reglas electorales, menos aún en un tema de orden público tan relevante como el proceso de elección de representantes de los trabajadores.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula el descuento de 3.214,28 euros que la empresa aplicó al trabajador en su finiquito por no respetar un preaviso de dos meses. El empleado había avisado con solo un mes de antelación su dimisión, pero la Sala concluye que la empresa incumplió su obligación de informarle, de forma precisa, sobre la duración del plazo de preaviso aplicable y sobre las consecuencias económicas de no respetarlo. Al haber incumplido la empresa este deber formal, el tribunal declara que no tiene derecho a aplicar sanciones derivadas de su incumplimiento.

El Tribunal Supremo concluye que, en el marco de un despido colectivo, debe aplicarse el convenio colectivo de empresa, lo que implica que las indemnizaciones de los trabajadores afectados se calculen conforme a sus tablas salariales, y no según las del convenio sectorial.

El Tribunal Supremo resuelve la cuestión sobre si la empresa principal debe asumir el recargo de prestaciones derivado de un accidente laboral sufrido por un trabajador de la empresa contratista. El Tribunal determina que, en este caso concreto, la empresa principal no incurrió en una infracción en materia de prevención de riesgos laborales, lo que excluye su responsabilidad en el pago del recargo prestacional.

El Tribunal Supremo concluye que los trabajadores designados por el empresario para ocuparse de la actividad preventiva disfrutan de las mismas garantías que los representantes de los trabajadores. De esta forma, en caso de despido improcedente, corresponde a dichos trabajadores la opción entre readmisión o indemnización, al amparo de lo dispuesto en los artículos 56.4 y 68 del Estatuto de los Trabajadores.